Todavía hoy, existe en España una gran dispersión
en los recursos sanitarios y sociales para la atención a las personas mayores.
La insuficiente coordinación de los sistemas social y de salud está ocasionando
frecuentemente una duplicidad de recursos o una ineficacia en sus prestaciones,
que requiere de una solución definitiva, ya que gran parte de los problemas que
plantean las personas mayores precisan de un abordaje multidisciplinar.
En materia de salud, la Ley General de Sanidad
14/1986, de 25 de abril, en ciertos aspectos no ofrece ya una respuesta
adecuada a las necesidades de salud de los ciudadanos y, en especial, al
desarrollo de mecanismos de integración de la atención sociosanitaria. El
estado legislativo actual de las distintas Comunidades Autónomas (CCAA) es muy
heterogéneo, ya que éstas han ido asumiendo progresivamente competencias en
materia de salud y servicios sociales.
En 1986, se aprueba en Cataluña el programa
"Vida als anys" para coordinar las actuaciones de los servicios
sanitarios y sociales en colectivos con necesidades especiales, como los
ancianos y los pacientes con enfermedades crónicas y terminales. Este programa
proponía una sistemática de trabajo multidisciplinar, así como la creación de
una serie de niveles asistenciales específicos para este tipo de pacientes, que
se han ido implantando progresivamente al contar con un presupuesto propio y
creciente. En este sentido, la Comunidad Autónoma de Cataluña cuenta con un
desarrollo de los recursos sociosanitarios muy por encima del resto de España.
En 1993, el INSERSO edita el Plan Gerontológico
Nacional que marcaba las directrices a seguir en la asistencia a las personas
mayores, principalmente las relativas a los recursos sociales, con algunas
referencias a la atención sanitaria. El Plan Gerontológico Nacional fue
considerado en su día un marco importante, sin embargo no consiguió cubrir los
objetivos que se proponía inicialmente.
En 1995, el INSALUD publicó el documento
"Criterios para la ordenación de los servicios para la atención sanitaria
a las personas mayores", en el que se diseñaba la política de atención
sanitaria a los mayores y la implantación progresiva de unidades de
coordinación sociosanitaria y recursos hospitalarios de geriatría. Diferentes
motivos, principalmente cambios en los responsables políticos, ocasionaron que
estos planes fueran relegados.
En 1999, la Oficina del Defensor del Pueblo
encargó a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) un informe
sobre "La Atención sociosanitaria a las personas mayores en España",
publicado en el año 2000, entre cuyas conclusiones figura el estado de carencia
de recursos y la necesidad de potenciar los servicios sanitarios y sociales
dirigidos a las personas mayores, así como su coordinación.
En el 2003, entró en vigor la Ley 16/2003, de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, (BOE 29 de mayo de 2003) por
la que se establecen acciones de coordinación y cooperación de las
Administraciones Públicas Sanitarias como medio para asegurar a los ciudadanos
el derecho a la protección a la salud, con el objetivo común de garantizar la
equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud.
Aunque deja abierta la diversidad de fórmulas organizativas, de gestión y
prestación de servicios producidas por las competencias de las CCAA en esta
materia, se pretende que la atención sanitaria tenga un marco común.
En la actualidad, sin embargo, se cuenta ya con
un cierto desarrollo de servicios o unidades de geriatría en los hospitales,
así como equipos de valoración geriátrica que están realizando un importante
esfuerzo por llevar a cabo una asistencia geriátrica que tenga en consideración
las siguientes líneas generales:
-formar parte y estar absolutamente integrada en la
red sanitaria general, lo que no es óbice para que disponga de recursos propios
especializados.
-ser integral, es decir, considerar a la persona
mayor en todas sus dimensiones, física, psíquica y social.
-perseguir la permanencia de la persona mayor en su
entorno habitual mientras sea posible.
-contemplar aspectos preventivos, terapéuticos y
rehabilitadores y disponer de una dotación estructural adaptada a las distintas
situaciones de salud.
-proporcionar continuidad en los cuidados.
-estar sectorizada, es decir, estructurada
geográficamente en áreas o sectores de salud.
-estar coordinada, de forma que los diferentes
recursos sanitarios y sociales, primarios y especializados, estén disponibles
en el momento y lugar en que se precisen.
La asistencia geriátrica se asienta sobre la base de tres pilares: la atención primaria, la atención especializada y los servicios sociales, tanto comunitarios (ayuda social a domicilio, centros de día, etc.) como institucionales (centros residenciales, etc.).
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