La descentralización de los servicios sociales, y
el consiguiente aumento de las competencias de las CCAA, plantea el debate
sobre el principio de igualdad entre los ciudadanos de todo el territorio
nacional, ya que al no existir un marco legislativo general se están
produciendo grandes diferencias en el desarrollo y asignación de los recursos
sociales. La legislación sobre servicios sociales en las diferentes CCAA se
presenta como una realidad compleja, ya que actualmente conviven disposiciones
estatales, autonómicas y municipales entre las que no existe conexión y que regulan
de forma heterogénea los asuntos sociales que competen a la población y su
coordinación con los recursos sanitarios.
En materia de recursos sociales dirigidos a las
personas mayores, el Plan Gerontológico Nacional, como ya se ha mencionado más
arriba, trataba de marcar las líneas generales de actuación que han tenido un
seguimiento desigual en las distintas CCAA.
Actualmente, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales,
Familias y Discapacidad, tiene como proyecto inmediato poner en marcha el
denominado Sistema Nacional de Dependencia, con una cartera básica de servicios
sociales, que podrá ser complementada por las CCAA y los Ayuntamientos. En
dicha cartera se incluirán prestaciones como la teleasistencia, la ayuda a
domicilio, los centros de día y las residencias de mayores, entre otros.
Tradicionalmente los recursos sociales destinados a las personas mayores se clasifican en tres apartados: cuidados en la comunidad, cuidados en el domicilio y cuidados residenciales.
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